Juez Sexto de Distrito de Salina Cruz pretende “satanizar” el auto de formal prisión a defensora indígena

Salina Cruz, Oax.

6 de octubre de 2014

Por: Agustín López Santiago   

      

   Para exigir un cese al hostigamiento que enfrenta, la defensora indígena Lucila Bettina Cruz Velásquez. Una comisión de Derechos Humanos de México entregó al Juez Sexto de Distrito, Anastacio Ochoa un “amicues Cuerie”.

 

   En el documento que firman defensores de derechos humanos y más de 300 organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

 

   En conferencia de prensa que dio la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio Lucila Bettina Cruz Velásquez, Atziri Ávila integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos en México, Dora Ávila integrante del Centro de Derechos de la Mujer “Nxwiin”, entre otras defensoras.

 

   En el documento refieren las ponentes en calidad de “amigos de la corte” fue realizado en el marco del proceso judicial que actualmente enfrenta la defensora indígena “Binnizá”, Bettina Cruz.

 

   El “amicues”, refiere que después que la defensora fue detenida de manera irregular el 28 de febrero del 2012, el juez Sexto de Distrito del Estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos (contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad), derivados de la manifestación pacífica que la defensora realizó a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Juchitán el 3 de abril del 2011.

 

   Reconocieron que desde esa fecha, dicha acción se denunció por parte de organizaciones, como una acción activa y promovida por la CFE a través de la Procuraduría General de la República (PGR), como estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, lo que ha sido evidente durante el proceso judicial, el cual sostienen que tiene como único fin, limitar la labor de la defensora y servir como mecanismo de criminalización de protesta social.

 

  De hecho, también se hace referencia que la luchadora indígena ha encabezado una serie de campañas a favor de los derechos de los pueblos zapotecas Ikoots, que han expresado su oposición a proyectos eólicos en la Región y desde octubre del 2011 ha sufrido una serie de amenazas.

 

   De igual forma le hace saber que hay la inexistencia de los elementos necesarios para estimar acreditado el delito y la responsabilidad penal plena de la defensora de derechos humanos.

 

   Asimismo especifican que el marco en que deben encuadrarse los hechos del derecho a la libertad de expresión. Además destaca que de acuerdo con información y los documentos a los que se ha tenido acceso surge una contundencia en que no están acreditados los delitos.