Por: Juan Carlos Zavala /Agencia Voz del sur

Oaxaca, Oaxaca.

 

  

FASP y Seguro Popular

   En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y en el Seguro Popular, en cuanto al manejo del recurso público, la ASF detectó principalmente subejercicios. En el primero de ellos fue por un monto de 376 mil 200 pesos, mientras que en el segundo fue de 23 millones 831 mil 600 pesos.

 

  Pero en el Seguro Popular, sobre todo, el órgano fiscalizador encontró irregularidades que demuestran que las críticas a los sexenios priístas no se han acabado en la administración de Gabino Cué, emanado de una coalición de cuatro partidos políticos,tres de ellos considerados de Izquierda.

 

   Por ejemplo, irregularidades en la gestión y en el manejo del medicamento, debido a que en varios almacenes y farmacias de hospitales y centros de salud, no se identificó el medicamento por fuente de financiamiento, además se encontró desabasto de medicamento en las unidades médicas, por lo cual los afiliados al Seguro Popular acuden a la farmacia del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) para surtir sus recetas.

 

   También se proporcionan medicamentos a población abierta y a pacientes del Programa Oportunidades; adicionalmente, existen recetas médicas que no tienen la firma de recepción de medicamentos por parte de los usuarios, por lo que no se identifica si fueron surtidas en su totalidad; también se carece de
mecanismos de control para el llenado de recetas médicas.

 

   Y falta de transparencia en la gestión del Seguro Popular, insuficiencias en la contabilidad, subejercicio o sobre ejercicio, irregularidades vinculadas con la cuenta bancaria, falta de evaluación externa del Seguro Popular en la entidad, las relacionadas con el incumplimiento de objetivos al no utilizar los recursos con eficiencia, eficacia y oportunidad, entre otras.

 

Cuenta pública 2011, encubrimiento legislativo

 

   El 31 de agosto los partidos PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano aplicaron de nueva cuenta su mayoría en la Cámara de Diputados del Estado para aprobar la cuenta pública 2011, correspondiente al primer año de gobierno de Gabino Cué; mientras que el PRI votó en contra del dictamen al asegurar que se encontraron graves irregularidades en las auditorías que se realizaron.

 

   De acuerdo con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, José Antonio Hernández Fraguas, en el análisis del ejercicio fiscal de 2011 se realizaron 279 acciones de fiscalización, de las cuales 211 fueron solventadas, y 54 de las mismas corresponden a Procedimien tos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y 14 a Financiamientos de Responsabilidad Resarcitoria.

 

   Estas acciones significaron 240 millones 479.3 mil pesos, de los cuales fueron recuperados o justificados 191 millones 102.9 mil pesos, quedando pendientes por justificar 49 millones 376.4 mil pesos, que representan sólo el 20.6 por ciento de las observaciones.

 

   Las 11 entidades que fueron fiscalizadas: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Secretaría de Finanzas (SF), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), Secretaría de Administración (SA), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa), Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y Comisión Estatal de la Juventud (Cejuve).

 

   A pesar de esto, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Mendoza, asegura que hubo razones suficientes para que la Cuenta Pública 2011 fuera aprobada, porque fue el año en el que más dependencias han sido auditadas en la historia de la administración pública del Estado, al haberse fiscalizado el 50 por ciento del presupuesto anual –alrededor de 28 mil millones de pesos, de los 47 mil millones de pesos del presupuesto total--. La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo fue aprobada con 24 votos.

 

   Entre las principales irregularidades aparece otra vez la SINFRA, dependencia que no comprobó la aplicación o destino de 41 millones de pesos; es decir, 50 por ciento de lo que fue auditado, según los resultados de la auditoría a la cuenta pública de 2011.

 

   La dependencia estatal, por esa razón, está obligada a devolver ese dinero o de lo contrario se fincarían responsabilidades penales por peculado contra el titular de SINFRA, Netzahualcóyotl Salvatierra.
 

    José Antonio Hernández Fraguas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado en la Cámara de Diputados local, explica que a pesar de que la dependencia del gobierno del estado tuvo 30 días hábiles o 45 días naturales para comprobar o solventar en qué gastó ese dinero, no lo hizo.

 

   El diputado priísta Elías Cortés López, por su parte, recalca que SINFRA presenta irregularidades por 41 millones de pesos que fueron observados y que no fueron solventados.
 

   “Entonces quiere decir que el secretario tendrá que regresar esos 41 millones de pesos, de lo contrario tendrá que procederse en una denuncia penal por peculado en contra de este funcionario público que ejerció indebidamente el dinero del erario público”.

 

   El último día de agosto fue el plazo fatal para discutir y aprobar la cuenta pública de 2011 y que corresponde al primer año de Gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Esto, en medio de una polémica por la aprobación del dictamen que rechazaba la cuenta pública correspondiente al último mes de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y al primer mes de la actual administración.

 

   Polémica, por la falsificación de un número del Diario Oficial del Estado en el que supuestamente fue publicada la reforma constitucional en la que se ampliaban los plazos para la aprobación de las cuentas públicas de 2010, 2011 y 2012; porque está firmada por el diputado local del PRD, integrante de la Comisión de Vigilancia, cuando aún tenía licencia y no era diputado en estricto sentido; porque el dictamen era desconocido por el presidente de la Comisión, Hernández Fraguas; y porque las fracciones de los partidos PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano recurrieron a una estrategia priísta para aplastar o “mayoritear” a la fracción parlamentaria del PRI.

 

   Sin embargo, nuevamente los partidos de la coalición PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, usaron su mayoría y aprobaron la cuenta pública de 2011 de Gabino Cué, pese a las irregularidades encontradas, como los 41 millones de pesos que no solventó la Secretaría de las Infraestructuras.

 

   Respecto a los 41 millones de pesos que no fueron comprobados por SINFRA y la cuenta pública de 2011 de Gabino Cué, el diputado local Hernández Fraguas menciona que el proceso de auditoría tiene sus tiempos.

 

   “Una vez que la Auditoría Superior del Estado considera que hay observaciones que revisar, se las notifica a la dependencia y la dependencia tiene 30 días hábiles para entregar toda esa documentación que soporte esas observaciones. En el caso concreto, tal como lo dice el informe de resultados, hay en la Secretaría de Infraestructuras 41 millones de pesos que no fueron solventados en cuanto a esas observaciones”.

 

   El aprobar o no la cuenta pública de 2011, detalla, no tiene nada que ver con los procedimientos que debe iniciar la Auditoría Superior del Estado (ASE); es decir, no tiene efectos jurídicos el aprobar o no aprobarla. Pero sí, dijo, tiene u efecto mediático político.

 

   Aun así, puntualiza que la ASE realiza sus procedimientos y está obligada por disposición legal a iniciar los procedimientos ya sean administrativos o sancionatorios, resarcitorios o incluso iniciar procedimientos penales en caso de que no pudiera comprobarse los 41 millones de pesos.

 

   En la medida que empiecen los procedimientos, añade, las dependencias tienen la posibilidad de defenderse y entregar la documentación como está en su derecho. “También hay casos en los que ya concluida la auditoría, se le pide a algún servidor público que regrese una cierta cantidad y en ese caso, lo único que puede hacerse es regresarse el recurso o asumir las consecuencias jurídicas que ellos implica”, dijo.

 

   Por otra parte, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, que encabeza Alberto Vargas Varela, autorizó de manera directa e invitación restringida el 92 por ciento del dinero público que adjudicó a empresas proveedoras del gobierno estatal y únicamente el ocho por ciento, lo hizo por concurso o licitación pública.

 

   De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública de 2011, aprobada el pasado viernes por la mayoría de los diputados que integran los partidos PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, del total de los acuerdos emitidos por el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Poder Ejecutivo que ascienden a un importe superior a los 2 mil 195 millones de pesos, “el 92 por ciento de la adjudicación se autorizó de manera directa e invitación restringida y únicamente el 8 por ciento restante fue por licitación pública”.

 

   Elías Cortés sostiene que esto es un asalto al erario público, y una vergüenza para un gobierno “que dice ser democrático”.
Otra de las irregularidades encontradas en la Cuenta Pública 2011 de Gabino Cué, está el que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) no comprobó el destino de 7 millones de pesos.

 

   Además de obras inconclusas y asignadas en forma directa, con marcadas dilaciones en su ejecución, dispendio de recursos, subejercicios por la incompetencia de funcionarios estatales, desviación de recursos de diversos programas sociales, principalmente en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Sedafpa, la Sinfra y la Secretaría de Administración, según la auditoría aplicada por la ASE.

 

   “Si nos ponemos a analizar que el 92% de las licitaciones que estaba obligado a hacer de manera pública mediante convocatoria el secretario de Administración lo hizo mediante adjudicación directa. Esto es un asalto al erario público, esto es una vergüenza para un gobierno que dice ser democrático y que lógicamente nosotros lo estamos señalando”.